Revista Cambio
15 de noviembre de 2009

Árbitro rigorista

Sin mirar sus fallas, el IFE castiga a APN, sanciona observadores electorales; exagera en observaciones y quita registros.

Aunque la legislación faculta al Instituto Federal Electoral (IFE) para aplicar sanciones a los organismos que participan en los procesos electorales o que forman parte del sistema político mexicano, estos también demandan que la autoridad electoral sea un ejemplo para que no sea “candil de la calle y oscuridad de su casa”.

Y es que, en el último mes, el Consejo General impuso multas a Agrupaciones Políticas Nacionales (APN) y observadores electorales, que en conjunto suman un total de 621 mil 878.19 pesos, a lo que deben agregarse amonestaciones públicas y hasta en algunos casos, el retiro del registro.

Si bien la cantidad no es tan representativa como las sanciones impuestas a partidos políticos o a medios de comunicación, sí es importante cuando se considera que en el caso de las agrupaciones políticas éstas ya no reciben financiamiento público y son parte de la estructura democrática del país, ya que son promotoras de la participación ciudadana.

Aunque en lo que respecta a los grupos de observación electoral que participaron durante la elección del 5 de julio sí recibieron un presupuesto otorgado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, así como por la Secretaría de Gobernación; también estiman que antes que nada está el ejemplo que debe dar la autoridad electoral.

El reclamo se debe a que los principales problemas que se presentaron por parte del APN y observadores electorales se debieron a fallas en los informes del ejercicio de los recursos más que a un uso inadecuado de los mismos.

Por ello, quienes estuvieron involucrados en este tema señalan que si bien el IFE está en su derecho a fiscalizar el dinero utilizado por los diferentes actores político-electorales, debe ser el primero que tiene que poner el ejemplo.

Esto surge a raíz del informe que presentó la Contraloría del instituto con respecto de la primera mitad del año, en el que se estableció un listado de faltas administrativas, que van desde facturas alteradas hasta cheques expedidos a nombre de servidores públicos en lugar de prestadores de servicios.

No se puede ser “candil de la calle y oscuridad de la casa”, por eso es muy importante que el IFE tenga también los mecanismos de control. Finalmente las sanciones tienen la finalidad de dar un ejemplo para reprimir que en el futuro haya esas conductas. Entonces, tiene que ser una cuestión que sea vista de ida y vuelta.

Mao Sáenz Culebro, representante de las APN, reprochó que mientras los consejeros electorales son muy exigentes con los informes que presentan las organizaciones, ellos mismos no aplican la misma medida para revisar los recursos públicos que ejercen.

Señala que, en general, existe una disposición a la transparencia, por lo que estima que “no se vale” que cuando no se comprueba el uso de los recursos debidamente, se apliquen sanciones por faltas de forma.

El golpe

El mes pasado, el Consejo General aplicó sanciones en contra de 21 APN por un monto global de 98 mil 921.79 pesos por irregularidades y omisiones contables en sus informes anuales de ingresos y gastos.

Con base en el Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución que presentó la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, los consejeros sancionaron 266 observaciones, a las que se sumaron amonestaciones públicas para otras 48 agrupaciones.

Como parte de las determinaciones que tomó el IFE en el marco de una sesión extraordinaria también se canceló el registro de otras 18 APN.

Además se acordó que se diera vista a la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República en 49 casos.

Al respecto, la Conferencia Nacional de APN expresa su molestia porque considera que el IFE actúa estrictamente en la fiscalización de los recursos que no son públicos y no pone el ejemplo.

“El IFE ha actuado como reza el dicho y el propio contralor del instituto denunció hace semanas que las cuentas no estaban claras, que había facturas falsas, gastos no comprobados, etcétera.

“La realidad es que por la más mínima de esas faltas se sancionaría con severidad a una APN, pero quién sanciona al IFE cuando falla en la fiscalización de los recursos públicos que maneja”, reviran.

El representante de las agrupaciones, Mao Sáenz Culebro, señala que este tema es fundamental, porque mientras que las agrupaciones fueron sancionadas económicamente por detalles como falta de logotipos en los documentos o de la referencia del cargo de quienes los firmaban, el IFE no aplica ningún castigo a las faltas severas que se cometen hacia dentro del organismo.

El también presidente fundador de la APN Parnaso Nacional, comenta que es necesario que desde el Congreso de la Unión se establezcan lineamientos “parejos” de fiscalización, porque también se requiere reivindicar el lugar de las agrupaciones en el sistema político nacional.

Sigue la tunda

Las agrupaciones políticas no fueron las únicas sancionadas por el IFE. El pasado miércoles 4 también determinó multar por 522 mil 956.40 pesos a 124 de las 147 organizaciones que participaron en la observación electoral en la jornada del 5 de julio.

Al igual que en los casos anteriores, la Unidad de Fiscalización encontró infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que derivó en multas económicas para 95 grupos de observadores electorales, así como diversas amonestaciones públicas.

Es la primera vez que organizaciones de observación recibieron una multa económica por parte de la autoridad electoral desde que inició su participación en 1994. Algunas de las sancionadas fueron la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Cuernavaca, el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos y Vigía de la Democracia.

Otros observadores fueron sancionados, pero no recibieron recursos públicos, como el caso de la Confederación Patronal de la República Mexicana o el Instituto Electoral de Quintana Roo, que tendrán que pagar una multa de 100 días de salario mínimo y también fueron amonestados públicamente.

En la mayoría de los casos las infracciones cometidas por los observadores electorales fueron referentes a los reportes de actividades que presentaron ante el IFE, en los que se registraron irregularidades.

En la sesión en que se determinaron las sanciones, la consejera Macarita Elizondo recordó que 21 millones 834 mil 750 pesos de los fondos administrados y ejecutados por el PNUD fueron repartidos entre 26 grupos, de los que seis no presentaron los informes respectivos.

Por ello, enfatizó que, por antonomasia, los observadores electorales deben conducirse con transparencia y con una actitud intachable, lo que “se estableció como una de las premisas indispensables que quedaron contenidas en los lineamientos para la acreditación y el desarrollo de las actividades que desplegaron los ciudadanos mexicanos, en este contexto de ser observadores“.

Al respecto, Mao Sáenz Culebro, quien también forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Convergencia, indica que si bien es necesaria una revisión rigurosa de grupos u organizaciones que reciben recursos públicos, los problemas que generaron las sanciones también se limitan a errores en los informes o a la no presentación de los mismos.

Sin embargo, estima que, en los casos que se han llevado al Consejo General del IFE no existe un riesgo mayor para los procesos electorales. “Algunas cuestiones realmente son de la presentación de un formato incorrecto, la falta de un logotipo, cuestiones de forma que son faltas leves que no representan una peligrosidad en cuanto a que se haga un mal manejo de recursos”, señala.

Es por ello que resalta la importancia de que la transparencia y la rendición de cuentas se dé “de ida y vuelta” entre la autoridad electoral y las organizaciones político electorales que participan en el país.

Puntualiza que más allá de las facultades legales del Instituto para aplicar sanciones, éste debe actuar como un ejemplo en el manejo de sus finanzas.

“El instituto debe ser un organismo ejemplar para tener calidad moral para poder sancionar a los órganos externos, partidos políticos, agrupaciones políticas, organizaciones de observadores electorales.

“Para tener la calidad moral para hacerlo, debe tener un control interno, una transparencia total en sus cuentas internas y también sancionar hacia el interior con la misma severidad con la que sanciona hacia afuera”, enfatiza.

El vocero de las APN remarca que no se puede “ser candil de la calle y oscuridad de la casa”, por lo que dijo que es fundamental que hacia adentro haya mecanismos de control que también permitan sancionar en caso de ser necesario.

Ataque

Pero más allá de las multas para este tipo de organizaciones que han participado en los procesos electorales, estima que el problema para verificar el correcto funcionamiento de estos grupos que son sujetos de la legislación electoral se genera desde una reforma que califica como un retroceso.

Sáenz Culebro estima que la mayoría de las agrupaciones están comprometidas con la transparencia y rendición de cuentas, disponiéndose a la revisión del IFE para que lo constate en sus fiscalizaciones.

Sin embargo, con la situación actual hasta la violación a la legislación se convierte en una opción de protesta, como, dice, fue el caso de las APN que deliberadamente decidieron no presentar su informe y que tuvieron como consecuencia la pérdida de su registro.

“Quizá las sanciones más severas fueron las de pérdida del registro en el caso de 18 agrupaciones debido a que no rindieron el informe anual, pero eso no fue porque quisieran ocultar el manejo de los recursos o porque hayan hecho mal uso, en absoluto, eso fue resultado de un repudio de estas agrupaciones a la reforma electoral que las menospreció”, señala.

Y agrega: “El sistema electoral en general es deficiente, está mal, por eso es que se ven problemas en diversos aspectos. Ésta (las sanciones) es una de las aristas del problema”.

En este contexto, indica que otro ejemplo que debe dar la autoridad electoral es en lo que se refiere a los salarios de sus altos funcionarios.

Considera que aunque es un tema en el que deben participar todos los servidores públicos, aunque no sean obligados por la Ley de Salarios Máximos, en el caso particular del IFE también tiene “una obligación moral”.

Por ello, estima que aunque es positivo que los consejeros electorales pretendan bajar su sueldo para el próximo año en 100 mil pesos anuales por cada uno, “la reducción debe ser mayor” e incluir a todos los directivos del IFE.

Y ante los problemas que se han generado en la materia, indica que es necesaria una reforma electoral que inserte todos estos temas, como la fiscalización de sujetos obligados, para dejar atrás retrocesos y confusiones en la toma de decisiones del Consejo General y que al mismo tiempo incorpore una agenda ciudadana.

Por lo pronto, adelanta que instalarán una mesa de trabajo con el titular de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas Kaulitz e integrantes del Colegio de Contadores Públicos, para analizar los resultados de este primer proceso de evaluación de fiscalización de los recursos de las APN –que ya no son públicos– para poder construir una propuesta que permita cambios al reglamento de fiscalización.

http://www.revistacambio.com.mx/notes/main.aspx?id=4079