20 de septiembre de 2009.
Revista Vértigo

Más dispendios del IFE

La sociedad exige a diputados reducir el presupuesto del instituto

A pesar de las irregularidades detectadas en el manejo de su presupuesto, de los presuntos actos de corrupción en sus licitaciones, y de los dispendios documentados, los consejeros quieren más dinero.

Mientras el Ejecutivo federal plantea un presupuesto austero para 2010 a fin de hacer frente a la crisis financiera, el Instituto Federal Electoral (IFE) pide que le sean asignados nueve mil 231 millones 759 mil 587 pesos, recursos que son superiores a los de 2008 (siete mil 967 millones), que fue un año no electoral como lo será el próximo, y lo peor —señalan diversos especialistas y representantes de la sociedad— es que dichos recursos son derrochados por los funcionarios del organismo, empezando por su consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita.

Pero nada detiene a los funcionarios del IFE en su afán de hacerse de más recursos. Ni siquiera los escándalos que se han difundido a partir del cuestionado manejo de los recursos públicos y que a continuación reseñamos.

Primero fue la denuncia de un presunto fraude en la licitación y operación del sistema de monitoreo que contrató el IFE, que resultó un fracaso que costó casi 30 millones de dólares.

Luego se conoció el informe de la Contraloría interna del organismo, que evidenciaba presuntas irregularidades en el manejo de los recursos por varios millones de pesos.

Y qué decir de las facturas que demuestran que el presidente consejero del IFE y los mandos superiores derrochan millones de pesos en comidas y hospedajes en restaurantes y hoteles de lujo; o bien que se les asignan autos último modelo con chofer. E igual de grave es que la información divulgada recientemente (por Vértigo, entre otros medios) exhibe los onerosos gastos en plazas hasta de 250 mil pesos que ostentan los funcionarios del instituto, a quienes además se les otorgan bonos, seguros, aguinaldos, primas vacacionales, compensaciones, vales de despensa…

Lo último que se ha dado a conocer es que el organismo gasta 81 millones y medio de pesos en la renta de siete inmuebles.

La semana pasada se reveló que el instituto destina al año 81 millones 500 mil pesos en la renta de siete inmuebles, a pesar de que su sede tiene 33 mil 400 metros cuadrados de terreno y 22 mil metros de construcción.

De esos 81 millones y medio, el IFE paga a los propietarios del edificio Zafiro II (donde se encuentran la dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral y la Coordinación de Asuntos Internacionales) dos millones 662 mil 104 pesos al mes; al hotel Paraíso Radisson, por el servicio de estacionamiento para quienes laboran en el edificio Zafiro, paga al mes 82 mil 700 pesos.

Al edificio Quantum, ubicado en la colonia Las Águilas, el IFE le paga un millón 89 mil pesos.

El órgano electoral incluso renta oficinas en una colonia aledaña a donde se ubica su sede principal, mismas que destina al Centro para el Desarrollo Democrático y por ese sitio paga 114 mil pesos mensualmente.

Y por la renta de una bodega ubicada en la colonia Cerro de la Estrella, el instituto paga al mes 665 mil 183 pesos.

No obstante todo lo anterior, el IFE quiere más dinero para sus gastos de 2010.

El pretexto

Dice el IFE que "2010 marca el inicio del ciclo para el proceso electoral federal 2011-2012, en el cual se elegirá presidente de la república y se renovarán las Cámaras de Senadores y Diputados". Es decir, quiere justificar el dinero que pide argumentando que le lleva dos años prepararse para unos comicios.

Luego, expone: "En 2010 se realizarán elecciones locales en 14 entidades de la república". Es decir, el IFE pretende hacer creer a la sociedad que los institutos electorales de los estados no pueden organizar solos sus comicios y los tienen que ayudar.

También refiere el instituto que debe "consolidar los mecanismos de comunicación institucional con las organizaciones representativas de todos los sectores de la sociedad para fortalecer la confianza en el IFE, la transparencia en el acceso a la información pública que detenta el instituto y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos que utiliza la institución". Lo que no dice es que la información que maneja no es pública, que además la oculta y se llega a un grado tal que si alguien quiere detalles de, por ejemplo, los gastos de los funcionarios, es indispensable acudir a los órganos de transparencia para que estos obliguen al organismo a transparentar su información.

Inaudito es leer este otro pretexto para pedir dinero: "Construir el nuevo esquema básico de educación cívica que promoverá el instituto durante el periodo 2010-2012 para difundir los valores de la democracia en el marco de la nueva ley y frente a los debates y dilemas que encara el fortalecimiento de la ciudadanía y su participación en la democracia". Esto a pesar de que gracias a la Ley Electoral actual ha crecido el abstencionismo y el voto nulo en el país.

Dinero para todos

El IFE solicita un presupuesto total de nueve mil 231 millones 759 mil 587 pesos. De ellos, tres mil 12 millones 39 mil 788 se destinarían a cubrir las prerrogativas de los partidos políticos, lo cual dejaría para Valdés Zurita y sus funcionarios seis mil 219 millones 719 mil 799 pesos, de los cuales plantean que en "servicios personales", es decir, sueldos y privilegios, se gasten cuatro mil 301 millones 31 mil 902 pesos, lo que significaría que 70% de los recursos del instituto se utilizarían en seguir manteniendo a su burocracia.

En el desglose de gastos en el Proyecto de Presupuesto de la Federación 2010 se observa cuántos recursos se piden para cada área. Para la "presidencia del consejo general" se solicitan 43 millones 752 mil 108 pesos; para los "consejeros electorales", 109 millones 723 mil 726; a la secretaría ejecutiva se asignarían 112 millones 661 mil 580; la coordinación de asuntos internacionales tendría 20 millones 793 mil 516; a la coordinación jurídica —que a juicio del presidente de Transparencia Nacional, Gabriel Reyes Orona, es la responsable directa e indirectamente de la licitación y operación de la fracasada contratación del servicio de monitoreo— se le canalizarían 67 millones 997 mil 301 pesos.

Dos últimos ejemplos: para la coordinación nacional de comunicación social están pidiendo 46 millones 422 mil 252 pesos, y para algo que se llama "Centro para el Desarrollo Democrático", 39 millones 855 mil 743 pesos.

Inmorales

De nuevo, las agrupaciones políticas nacionales incorporadas al Frente de Promoción y Defensa de las APN emitieron un comunicado en el que exigen a los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral "que se reduzcan los altísimos e inmorales salarios que perciben".

El coordinador del frente y presidente de la agrupación política Parnaso, Mao Sáenz, sostiene que "ante la crisis económica que vive el país, y por congruencia democrática, dichos funcionarios electorales deben reducirse los elevados salarios y prestaciones que reciben. Les exigimos que por austeridad republicana se reduzcan esos salarios millonarios, que son inmorales y ofensivos ante la pobreza del pueblo".

Sáenz acusa de "cínico" al consejero electoral Marco Gómez, por la declaración que hizo en días pasados de considerar "demagógico" hablar de reducir los salarios. El presidente de Parnaso dice que "exigir la reducción de los salarios no es un acto de demagogia sino de sentido común y madurez republicana, por lo que quien no la tenga, debe irse".

Explica que con esa declaración "Gómez se mostró como un ambicioso que no quiere reducir su salario hasta que se vaya, en 2010. Que lo escuche bien: con esa actitud debe renunciar, los ciudadanos repudiamos su descaro, insensibilidad y carencia de compromiso democrático".

El dirigente manifiesta que insistirán en la reducción de los salarios de los consejeros hasta que se los reduzcan por austeridad republicana y compromiso democrático; si no se reducen el salario, deben renunciar, y si no renuncian exigiremos su destitución, dice.

Finalmente, informa que continuarán impulsando una reforma electoral que incluye reivindicar a las APN, cambiar a un sistema electoral de representación proporcional pura, permitir las candidaturas independientes, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación del mandato y, sobre todo, que el IFE y sus funcionarios no cuesten tanto al pueblo mexicano.

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